La norma se sancionó el 11 de marzo, se promulgó el 1 de abril y fue puesta en vigencia este martes. Entre otros objetivos, estipula “promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la vida” y el derecho “a vivir una vida sin violencia”.
La ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en su contra comenzó a regir hoy al publicarse su texto en la edición 31.632 del Boletín Oficial. Tanto la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, como el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Argentina, Rafael Barca, manifestaron su satisfacción por la entrada en vigencia de la norma. “La nueva ley constituye un adelanto con relación a normativas anteriores, que proponían un tratamiento neutral en términos de género, de situaciones que repercuten diferencialmente en las mujeres”, consideró Martínez. Tras calificarla como un “avance positivo”, Barca sostuvo que "es crucial que, de manera urgente, el Gobierno Nacional muestre su compromiso político con esta nueva ley a través de su reglamentación, la dotación de recursos y la rendición de cuentas". La ley, sancionada el pasado 11 de marzo y promulgada el 1 de este mes, posee cuatro títulos y 45 artículos, el primero de los cuales indica que sus disposiciones son de "orden público y de aplicación en todo el territorio de la República". El artículo segundo tipifica que la ley "tiene por objeto promover y garantizar", entre otras, "la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la vida"; y el derecho "a vivir una vida sin violencia". "La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres", "el acceso a la justicia" de las que "padecen violencia" y "la asistencia" a las que "padecen violencia en las áreas estatales y privadas", también son objetos de esta norma. Además, garantiza los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes. El artículo tercero se refiere al derecho a "la salud, la educación y la seguridad personal" de las mujeres; a su "integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial", a "gozar de acceso gratuito a la justicia" y a "la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres". Mención especial merece el inciso "e" de este artículo que les garantiza "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable". La defensora General abogó para que "los organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y el acceso a la Justicia hagan uso de esta nueva herramienta y destinen esfuerzos para lograr la plena vigencia de la ley y garantizar el derecho a una vida libre de violencia". "Tanto en el ámbito internacional como local, las mujeres son, en una mayoría abrumadora, víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas con fines de explotación sexual, de prostitución forzada y de acoso sexual; además, tienen mayores dificultades para acceder al empleo y a puestos de decisión y, en términos generales, perciben salarios un 30% inferiores a los de los varones", sostuvo Martínez. "Ante este panorama, el reconocimiento expreso del impacto diferenciado que tiene el ejercicio de la violencia por razones de género implica un adelanto significativo de la ley", indicó. El Ministerio Público de la Defensa presta asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a mujeres maltratadas que acuden a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y, a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico -dijo- "se acompaña a las víctimas para intervenir como querellantes en los procesos penales". El titular local de Amnistía Internacional interpretó que "convertir la nueva ley en avances concretos, exige la acción y el liderazgo del Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales y todo el Estado, a fin de garantizar que la nueva legislación se aplique de forma diligente y para que se asignen partidas presupuestarias suficientes para implementarla". El reto que se enfrenta, dijo Barca, "es el de garantizar que la nueva legislación y las medidas que se derivan sirvan para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a sus derechos, para proporcionarles seguridad, justicia y reparación". "Esperamos que esta ley sea el punto de partida para poder generar en Argentina un plan de acción nacional en contra de la violencia de género", instó Barca.
La ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en su contra comenzó a regir hoy al publicarse su texto en la edición 31.632 del Boletín Oficial. Tanto la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, como el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Argentina, Rafael Barca, manifestaron su satisfacción por la entrada en vigencia de la norma. “La nueva ley constituye un adelanto con relación a normativas anteriores, que proponían un tratamiento neutral en términos de género, de situaciones que repercuten diferencialmente en las mujeres”, consideró Martínez. Tras calificarla como un “avance positivo”, Barca sostuvo que "es crucial que, de manera urgente, el Gobierno Nacional muestre su compromiso político con esta nueva ley a través de su reglamentación, la dotación de recursos y la rendición de cuentas". La ley, sancionada el pasado 11 de marzo y promulgada el 1 de este mes, posee cuatro títulos y 45 artículos, el primero de los cuales indica que sus disposiciones son de "orden público y de aplicación en todo el territorio de la República". El artículo segundo tipifica que la ley "tiene por objeto promover y garantizar", entre otras, "la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los ámbitos de la vida"; y el derecho "a vivir una vida sin violencia". "La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres", "el acceso a la justicia" de las que "padecen violencia" y "la asistencia" a las que "padecen violencia en las áreas estatales y privadas", también son objetos de esta norma. Además, garantiza los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes. El artículo tercero se refiere al derecho a "la salud, la educación y la seguridad personal" de las mujeres; a su "integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial", a "gozar de acceso gratuito a la justicia" y a "la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres". Mención especial merece el inciso "e" de este artículo que les garantiza "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable". La defensora General abogó para que "los organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y el acceso a la Justicia hagan uso de esta nueva herramienta y destinen esfuerzos para lograr la plena vigencia de la ley y garantizar el derecho a una vida libre de violencia". "Tanto en el ámbito internacional como local, las mujeres son, en una mayoría abrumadora, víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas con fines de explotación sexual, de prostitución forzada y de acoso sexual; además, tienen mayores dificultades para acceder al empleo y a puestos de decisión y, en términos generales, perciben salarios un 30% inferiores a los de los varones", sostuvo Martínez. "Ante este panorama, el reconocimiento expreso del impacto diferenciado que tiene el ejercicio de la violencia por razones de género implica un adelanto significativo de la ley", indicó. El Ministerio Público de la Defensa presta asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a mujeres maltratadas que acuden a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y, a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico -dijo- "se acompaña a las víctimas para intervenir como querellantes en los procesos penales". El titular local de Amnistía Internacional interpretó que "convertir la nueva ley en avances concretos, exige la acción y el liderazgo del Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales y todo el Estado, a fin de garantizar que la nueva legislación se aplique de forma diligente y para que se asignen partidas presupuestarias suficientes para implementarla". El reto que se enfrenta, dijo Barca, "es el de garantizar que la nueva legislación y las medidas que se derivan sirvan para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a sus derechos, para proporcionarles seguridad, justicia y reparación". "Esperamos que esta ley sea el punto de partida para poder generar en Argentina un plan de acción nacional en contra de la violencia de género", instó Barca.
Fuente: Télam
